DIARIO DE PUERTOS Y NAVIERAS - 18/09/2026
Tormenta en la Comisión Europea.
Censurada por el Defensor del Pueblo europeo, por "mala administración", por tardar más de siete años sin contestar a la denuncia de la ilegalidad de las prórrogas de concesiones en España.
El asunto de la posible ilegalidad manifiesta de la ampliación de plazos concesionales del año 2014, Ley Llorca 2/2014, se complica, acercándose a provocar un escándalo dentro de la Unión Europea, por cuanto el Defensor del Pueblo tendrá que informar al Parlamento Europeo en su reporte anual de las infracciones y las malas actuaciones de la burocracia europea. Se espera que contestación dará la presidenta de la Comisión Ursula Von der Leyen.
El Defensor del Pueblo Europeo, en un auto de finales de agosto de este año, ha calificado como de mala administración el retraso indebido en la contestación de la denuncia por infracción de las leyes comunitarias de la ampliación de concesiones y sus prórrogas introducidas en la ley de puertos en el año 2014. En la denuncia por infracción, el denunciante alegó que dichos cambios legislativos y la prórroga por parte de la Autoridad Portuaria de las Islas Baleares de la duración de las concesiones infringía los artículos 49, 56 y 106 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
El asunto se complica, acercándose a provocar un escándalo dentro de la Unión Europea, por cuanto el Defensor del Pueblo tendrá que informar al Parlamento Europeo en su reporte anual de las infracciones y las malas actuaciones de la burocracia europea, en este caso del retraso injustificado de más de siete años en contestar y tramitar la denuncia por infracción que realizó un denunciante en 2018, concretamente el 8 de noviembre de 2018.
La cuestión por lo que ha podido saber este medio es que la Comisión Europea también tenía conocimiento de la carta de un abogado de un terminalista de Canarias en el mismo sentido.
El denunciante mantuvo reiteradas comunicaciones con la Dirección General de Competencia de la Comisión en el año 2019, cuando ya se le asignó un número de referencia para dicha denuncia. En septiembre del año 2020 el denunciante volvió a requerir a la Dirección General de Competencia, DG COMP, y a la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, DG Grow, con el mismo resultado, contestando esta Dirección General, DG Grow, que la denuncia requería una evaluación más detallada. A pesar de que la DG Grow pidió al denunciante más información y este se la facilitó, a lo largo de enero de 2021, solo en abril de 2021 la DG Grow ya informó que había remitido un EU Pilot, lo que se conoce actualmente como diálogo previo a la infracción, al Reino de España.
En marzo de 2022, tres años después, el denunciante volvió a requerir a la Comisión por el estado del diálogo en el procedimiento de Pilot con España. La Comisión volvió a contestar lo mismo, que el caso era complejo y que por eso se explicaba el retraso.
La Comisión Europea siguió esquivando el asunto diciendo en noviembre del año 22 que la Comisión ya se había puesto en contacto con España y analizaba las respuestas facilitadas por Puertos del Estado.
Lo curioso es que en febrero de 2023 el denunciante se dio cuenta de que la Comisión ya había incoado un procedimiento de infracción por un caso similar por las concesiones en costas y que la Comisión tenía que seguir el mismo razonamiento en su caso y agilizarlo.
A la vista de los retrasos de la Dirección General DG Grow, el denunciante recurrió en 2025 al Defensor del Pueblo Europeo.
La Defensora del Pueblo consideró, a raíz de esta denuncia, que el tiempo que tardó la Comisión en finalizar su evaluación constituía una mala administración.
En marzo de 2026 la Defensora del Pueblo formuló una recomendación a la Comisión para que subsanara esta situación y que aligerase el proceso. La principal recomendación del Defensor del Pueblo es que la Comisión debería finalizar su evaluación de la denuncia por infracción sin más demora y que la Comisión debería velar por mantener registros adecuados sobre la gestión de los procedimientos EU Pilot, incluido el análisis correspondiente.
La Comisión se defendió diciendo que desde finales de 2025 la DG MOVE había analizado en detalle la denuncia de la infracción y había llegado a la conclusión de que podía existir un posible incumplimiento de la Ley de Puertos española con respecto a los artículos 49, 56 y/o 106 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Las respuestas de la Comisión Europea no satisfacieron a la defensora del pueblo, que apuntó a que esta no explicaba por qué tardó seis años en hacerse cargo del asunto y en, al parecer, iniciar el procedimiento EU Pilot de infracción. Ante la falta de explicaciones adecuadas, la defensora del pueblo confirmó su constatación de mala administración.
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